sábado, 20 de septiembre de 2014

Algunas ideas para la reforma del transporte


En 1991 se promulgó el Decreto Legislativo N° 6511 que permitió que más empresas de transporte público comenzaran a operar. La razón de esta promulgación fue que en 19882 se declaró en emergencia el transporte público. Lima a pesar de tener una población mucho menor a la actual, no se daba abasto con las escasas unidades de transporte público disponibles. Ello debido a la ineficiente burocracia (valga la redundancia) que mantenía líneas como Enatru y con ello requisitos absurdos para la entrada de transportistas privados. Junto a la promulgación de esta ley, también se redujeron los aranceles para la importación de vehículos nuevos y se flexibilizó la importación de los que fueran usados, permitiendo con ello que los vehículos bajaran sus precios, y que el ritmo de compra se incrementara sustancialmente.

Este contexto del transporte público generó una oportunidad de inversión a bajo riesgo: Comprabas un vehículo que te costaba barato, lo afiliabas a una empresa que había conseguido una ruta y comenzabas a recaudar ingresos. Como el negocio tenia una lógica sencilla y alta rentabilidad interesó a muchos, sobre todo a personas con un capital importante, quienes adquirieron varias unidades, las cuales, luego entregaban en “alquiler”. Pronto comenzaron a congestionarse las calles3.

De viajar “apretados”, pero “rápido” (debido a los pocos vehículos no había congestión), con el nuevo Decreto Legislativo pasamos a tener un viaje “cómodo” pero “lento”. Pareciera que la rapidez y la comodidad son excluyentes en el transporte público, y a cualquiera pudiera resultarle tentador plantear una postura intermedia: La de consentir algo de "incomodidad" a cambio de ir "no tan lento”. El propósito de estas líneas es demostrar brevemente (o por lo menos poner en duda) que el problema de la congestión no tiene nada que ver con el libre mercado (como quieren hacernos creer) y que se pueden implementar medidas sencillas que aligeren la congestión vehicular.

1. ¿Se puede hablar de libre competencia en vías públicas?

A mi criterio no. Si bien el Decreto Legislativo N° 651 utiliza un lenguaje de libre mercado y apunta expresamente a buscar satisfacer la demanda del servicio de transporte de pasajeros, incrementando la oferta ("promoviendo la libre competencia en la tarifas", según dice), dicha propuesta parte de un error de percepción puesto que las pistas presentan la particularidad de tener un espacio físico limitado. Es decir, no puede acoger más de un número determinado de unidades. El aumento poblacional lleva a que la demanda de viajar en bus se incremente, pero la oferta de unidades de bus no puede crecer al mismo ritmo, puesto que como expliqué, el espacio físico no permite acoger más unidades adicionales. La situación se agrava con la proliferación de edificios con departamentos u complejos empresariales (propiedad horizontal) que trae como consecuencia más familias o empresas (cada una con un vehículo por lo menos) en un mismo predio donde antes solo existía una familia o una empresa. 

Para demostrar que el transporte público no se ajusta a las reglas de la libre competencia tomaré como ejemplo las boticas. ¿Cuántas boticas es eficiente que haya en una cuadra?, el mercado lo decidirá. Puede que 1, tal vez 2 para que compitan o quizá toda la cuadra entera pueda estar repleta de boticas, si en caso se encontraran frente a un hospital o alguna clínica importante. Vemos que la intervención del Estado para decidir el número de boticas es innecesaria (de hecho hasta resultaría perjudicial si lo hiciera). Las personas abrirán tantas boticas sean necesarias hasta que se llegue a un número donde deje de ser rentable abrir una más4. Sin embargo, ello no ocurre con el transporte público, puesto que la demanda crece a un ritmo tan acelerado que la oferta existente no es capaz de atender; no por falta de iniciativa o de interés, sino porque no hay espacio para colocar más unidades en circulación.

Como vemos esta particularidad de las pistas como bienes públicos (esto no se aplica al anarcocapitalismo) hace que su propia naturaleza genere una barrera de entrada enorme, debido a que la alta demanda generada (con proyecciones a seguir creciendo) incrementaría los precios paulatinamente, y ello representaría un buen negocio para las unidades que ya se encuentren circulando. Es por eso, que resulta necesario una regulación estatal para determinar quienes pueden entrar a competir. Y cuando tienes un ente que decide quién entra y quién no, por definición, no tienes libre competencia.

2. La principal reforma está en el transporte privado

Esto es crucial. En cuanto al espacio físico que ocupan dentro de las pistas: 2 camionetas 4x4 ocupan similar espacio al de 1 “coaster”5. Dichas camionetas usualmente solo están ocupadas por el conductor, por el contrario una “coaster” puede llegar albergar un numero entre 20 a 30 personas con lo cual tenemos 1 persona contra 30 personas.

Lo normal en automóvil particular es que solo lo ocupe quien lo conduzca, lo excepcional es que vaya lleno. En cambio, lo normal en una “coaster” es que vaya llena, lo excepcional es que solo vaya el chofer y su cobrador (o en su defecto el chofer-cobrador). Sería ilógico considerar que lo normal en una “coaster” es que este ocupado solo por su chofer y cobrador puesto que de ser así no sería rentable y por tanto no estaría en circulación.

Otro factor que agudiza la congestión es que cada vez hay más automóviles particulares circulando. La disminución de precios de estos y el mayor acceso al crédito para financiar su compra traen como resultado que cualquier persona con ingresos medios puede adquirir uno propio. De hecho la Asociación Automotriz del Perú señala que el año pasado se adquirieron 193,300 automóviles nuevos y este 2014 se estima se adquirirán 210,0006.

Como vemos el sentido común nos señala que el transporte privado es menos eficiente que el transporte público cuando de trasladar personas a su destino se trata, por lo cual la política del órgano gubernamental cualesquiera que fuera competente debe ser:

1) Incentivar el uso de transporte público

Incentivar y no prohibir. Lo que se tiene que hacer es incentivar que las personas usen el transporte público, taxis o cualquier forma de transporte alternativo. Y si en caso utilizaran transporte privado cobrar un monto menor por concepto de peaje a los que dentro de su automóvil trasladen a un número mínimo de personas. Otra opción es habilitar una vía exclusiva para la gente que traslada más personas consigo.

 2) Fiscalizar la admisión de empresas de bus y de taxis

La idea no es enriquecer a los oportunistas que surgirían con este modelo, por lo cual medidas como obligar a que las empresas de transporte sean las propietarias de los vehículos que circulan bajo el amparo de su licencia, me parecen acertadas. Y en el caso de las taxis que todos estos paguen impuestos y que se encuentren registrados para que puedan cumplir el servicio.

Estas propuestas no requieren demasiado presupuesto, y por lo menos en teoría parecen funcionar, ¿o no?.
 
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2 Mediante Decreto Supremo N° 024-88-TC. Situación que fue ampliada posteriormente hasta 1995 mediante el Decreto Legislativo N° 536: https://onedrive.live.com/redir?resid=F2E594A9AC4487AB%21535
3 Para ser justos a esta congestión contribuyeron mucho los taxis y los particulares, que también se vieron beneficiados por la reducción de precios de los vehículos
O venga otra que las absorba. No importante, lo que interesa es mostrar las muchas variantes que pueden darse dentro de un escenario de libre mercado.
5 Utilizo “coaster” para referirme de forma genérica a ómnibuses, buses o minibuses; dado que dicho modelo de Toyota es muy usado en el lenguaje popular.

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